La modernización pendiente en las empresas públicas

Karen Poniachik

El Ministerio de Hacienda anunció, una vez más, el pronto envío al Congreso de un proyecto que apunta a modernizar las Empresas Públicas. Por lo que adelantó Felipe Larraín en un seminario organizado por el Centro de Gobiernos Corporativos de la UC, la largamente esperada propuesta contemplaría la transformación del Sistema de Empresas Públicas (SEP) en un holding autónomo encargado de representar los intereses del Estado como propietario, modificando su composición y facultades así como las pautas referentes a los directores de las empresas públicas bajo su alero. También consagraría la aplicación de las normas de las sociedades anónimas abiertas para estas empresas.



Desde ese punto de vista, el proyecto es bastante similar al enviado al Congreso en marzo de 2008 por el gobierno de Michelle Bachelet. Lamentablemente, esta versión, por lo que adelantó Larraín, no incluiría a las empresas de defensa Enaer, Asmar y Famae, las que en el proyecto anterior sí quedaban afectas a las reglas que dicen relación con incorporar a directores independientes nombrados por el SEP y con exigir normas contables y financieras similares a las del resto de las empresas con participación estatal.

Más lamentable aún es el hecho de que el Ejecutivo se tomó más de tres años en redactar un proyecto que no incorpora la reforma a los gobiernos corporativos de ENAP y Enami en la línea de lo que fue implementado en Codelco a través de la Ley 20.392 aprobada por el gobierno de la presidenta Bachelet en el marco del acceso de Chile a la OCDE. Pese a que estas reformas sí estaban contempladas en el programa del actual gobierno (el que, entre otros aspectos proponía “sacar de sus directorios a ministros de Estado y representantes de intereses sectoriales”) y era un cambio que Chile se comprometió con la OCDE a implementar a más tardar en 2012, el ministro no dio ninguna explicación de por qué se las excluía.

Esto es especialmente preocupante considerando que tanto Enami como ENAP han enfrentado serios problemas en materia de gobierno corporativo en los tres últimos años. Dos comentados cambios en la Vicepresidencia Ejecutiva de la primera y una decisión del directorio de la segunda que gatilló un conflicto político que terminó con la salida de un ministro de Energía de su cargo, ilustran claramente la urgencia de aislar la administración de ambas empresas de la interferencia política así como de mitigar el impacto político de lo que debiera ser una decisión eminentemente financiera/comercial.

La reforma a los gobiernos corporativos de las empresas públicas es un aspecto clave en materia de modernización de la institucionalidad económica. Esto, considerando que su objetivo apunta a promover una gestión eficiente, fortalecer la administración, profesionalizar los directorios, promover la transparencia y resolver los problemas de agencia que en general afectan a las empresas en las que el Estado tiene, por un lado, el rol de administrador y, por el otro, de “policymaker”, regulador y fiscalizador.

El actual gobierno está en deuda con respecto a los cambios estructurales que prometió con miras a modernizar la institucionalidad económica del país. Es innegable el esfuerzo hecho para facilitar la constitución de nuevas empresas; sin embargo, este avance contrasta con la inmovilidad legislativa en materia de la autonomía del INE, los cambios en el régimen de libre competencia, el sistema de alta dirección pública y la modernización del sistema de compras públicas.

Los tímidos pasos dados en los ámbitos de la regulación del régimen de notarios y conservadores y el tardío envío al Congreso del proyecto que crea la Comisión de Valores (aunque sin ningún tipo de urgencia) son indicativos del escaso interés de la administración Piñera por realizar los cambios estructurales que Chile requiere. Ya sea por priorizar resultados de corto plazo, o por la dificultad para llegar a consensos sobre temas complejos, son muy pocas las transformaciones estructurales que el actual gobierno dejará como legado. Es de esperar que al menos el anunciado proyecto de reforma de gobiernos corporativos de las empresas públicas pueda formar parte de estas escasas transformaciones y que no se vea entrampado en la agenda legislativa pre-electoral.